El pasado 20 de abril tuvo lugar un Consejo de Ministros en el que se dio luz verde a la ampliación por parte de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla para ampliar los sectores y empresas que podrán beneficiarse de la línea de ayudas directas a autónomos y empresas dotado con 7.000 millones de euros que fueron aprobadas en el Real Decreto-Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
La modificación aprobada permite a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla ampliar el número de empresas y autónomos que podrán beneficiarse de estas ayudas tomando como criterio las especifidades del tejido productivo de cada región, así como los efectos producidos por las diferentes medidas que han sido adoptadas para la contención del Covid-19 en cada una de ellas.
Han sido estas diferencias entre las necesidades de cada comunidad autónoma las que finalmente han motivado al Gobierno a otorgar potestad a cada región para ampliar el número de sectores que pueden acceder a las ayudas directas.
En la modificación, también se incluye la posibilidad de dar ayudas a empresas con pérdidas en 2019 por circunstancias extraordinarias, hasta ahora excluidas de las mismas.
Un ejemplo de circunstancia excepcional son los operadores turísticos de las islas que podrán beneficiarse de estas ayudas directas.
La ministra Montero reveló que el Ministerio de Hacienda remitió el pasado viernes a las comunidades autónomas los convenios que regulan la colaboración para poner en marcha los 7.000 millones de ayudas directas y descarta que alguna comunidad autónoma decline esta posibilidad del manejo de las ayudas.
Las primeras en devolver el convenio firmado para recibir los fondos lo antes posible han sido Extremadura y Castilla-La Mancha.
Además, en el Consejo de Ministros también se ha aprobado un nuevo aplazamiento para los pagos de deuda de las empresas a las Administraciones Públicas, siempre que estas no sean tributarias o aduaneras.
De esta forma se podría retrasar la devolución de deudas o préstamos. El plazo con el que contarán las empresas es de hasta dos años desde el vencimiento de los préstamos para devolverlos y además contarán con otros dos años más para pactar nuevos fraccionamientos de estas devoluciones.
La ministra Montero ha expresado su confianza en que de esta forma se asegurará la protección del tejido productivo y del empleo.
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